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En memoria del Doctor Hernán Méndez Castellano
Venezolano insigne quien nos lego el ejemplo de su pasión por causas nobles como está de la Seguridad Alimentaria
El Congreso Centenario 2004 "Dr. José Ignacio Baldo" de la ANM, en su programa científico debatirá entre otros temas: "la Seguridad Alimentaria y la calidad de vida en Venezuela" La consideración específica de esta temática es, sin duda, un acontecimiento de singular trascendencia, habida consideración del momento histórico que confrontamos; y, más aún, si somos conscientes de que el nuevo país que emergerá de la crisis exigirá la puesta en práctica de verdaderas políticas de Estado. Una de esas políticas deberá ser la que rija el desenvolvimiento del Sistema Agroalimentario Nacional (SAN), como garante de la Seguridad Alimentaria entendida como la garantía del abastecimiento y suministro de alimentos, que ofrezca el Estado a su población. Esto implica niveles estratégicos de producción interna, seguridad de cubrir los requerimientos calóricos y nutricionales de toda la población en cantidad, calidad y aceptación cultural (hábitos), permitiendo a todos una vida sana y socialmente útil.
Sin Seguridad Alimentaria jamás podremos erradicar la malnutrición y el hambre que son causa y efecto de la peor injusticia social: la pobreza.
Es imperativo romper el círculo fatal: "la gente está mal nutrida por que ha nacido o ha pasado a ser pobre y sigue siendo pobre por que está mal nutrida" (A.Horwitz).
Debemos tener presente que somos parte de una comunidad de naciones que dispone de alimentos que podrían satisfacer a una población equivalente al doble de la actual. No obstante, la dura realidad es: "que el número de hambrientos en el mundo ha crecido en 18 millones, para llegar a 842 millones de personas en el período 1999-2001 respecto al de 1995-1997; y "hay un retroceso en la lucha contra el hambre"... (Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO)
Este aserto nos permite verificar como es cierto, que la causa del hambre no es, como se piensa, la escasez material de alimentos.
Ya en 1982, el Director General de la FAO para ese momento, pudo afirmar. "el hambre es ante todo un problema político... que condiciona el futuro de nuestro planeta... incide sobre las relaciones internacionales... aumenta las tensiones políticas y sociales... hace zarandear a los gobiernos y pone en peligro la estabilidad mundial..."
En cuanto a ser un "problema político" podrá comprobarse, tanto, al analizar la comprensión y alcances del derecho humano fundamental a la alimentación; como, al enfrentar las circunstancias y las nuevas realidades que, en el entorno nacional y mundial, obstaculizan o adversa al reclamo planteado por los países en desarrollo respecto a su Seguridad Alimentaria, como la expresión cabal de ese derecho.
Procede destacar que en la Cumbre Mundial de la Alimentación reconoció que "el mantenimiento de la seguridad alimentaria por medio de producción agrícola interna sería así una preocupación no comercial y, por lo tanto, legitimizaría el trato excepcional de la agricultura dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC)..." los países en desarrollo señalan que "los sectores agrícolas e internos son fuente de múltiples productos además del suministro de alimento. Defienden que estas funciones, tales como la conservación del medio ambiente, pueden garantizarlas solamente si se mantiene la fuerza excepcional de la agricultura. Los países en desarrollo destacan la función dominante de la agricultura en el conjunto de sus economías. Consideran que un trato diferenciado de sus sectores agrícolas en el comercio internacional es imprescindible para superar problemas de desarrollo como la pobreza y la inseguridad alimentaria"
La problemática de la pobreza, la malnutrición y el hambre en los países en desarrollo, ha motivado la mejor comprensión de la trascendencia del problema agroalimentario en la vida de las naciones. En Declaración reciente el presidente del Banco Mundial manifestó que "la pobreza significa un peligro mayor para el futuro de nuestra civilización que la crisis financiera que tanto atemoriza a nuestros empresarios".
Su Santidad Juan Pablo II en su homilía del 01-01-2004, llamó a los dirigentes del mundo a construir en el 2004 los caminos de la paz: "Es necesario un orden que sea capaz de encontrar adecuadas soluciones a los problemas de hoy, basados en la dignidad de la persona humana, en el desarrollo integral de la sociedad, en la solidaridad entre los países ricos y pobres, en compartir recursos y los extraordinarios resultados del progreso científico y tecnológico".
Así se explica que este Congreso Centenario 2004 se interese por el comportamiento del sistema agroalimentario nacional y de cuanto sea necesario hacer para lograr la concertación de las voluntades políticas y de los esfuerzos de todos los sectores de la vida nacional para concebir y defender la Seguridad Alimentaria.
Para la comprensión cabal de la cuestión alimentaria es necesario admitir una premisa básica: el ser humano, dada la dignidad que le confiere el ser "persona humana", está respaldado por unos derechos potenciales que deberían permitir el desarrollo integral de cada persona y de todas las personas.
Nos contamos entre quienes postulan la dignidad de la persona humana: "es la más noble y lo más perfecto en toda la naturaleza", ser racional y libre, sujeto de derechos inalienables, que se insertan en un orden social que esta destinado a permitir el desarrollo integral y armónico de su personalidad" (D.C. Elemento Doctrinario).
Es una cosa sabida que esos derechos además de inalienables son también universales, individuales, interdependientes, entre si e irrenunciables. Tal como los proclamó, en 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en Viena.
Desde luego existe una cierta prelación lógica. Es lo que se advierte, por ejemplo, con el derecho a la vida en el cual convergen otros derechos concomitantes, sin los cuales la subsistencia no sería posible. Tal como lo son: el derecho a la alimentación; a la salud; y al disfrute de un medio ambiente no contaminado.
La Naturaleza también tiene sus derechos. El desarrollo integral para ser justo y sustentable debe preservar ambos derechos como garantía de salvaguardia del patrimonio ecológico que pertenece, por igual, a la presente y venideras generaciones.
Debemos admitir como realidad irrecusable que la "condición del hombre co-creador de la naturaleza, le exige interactuar responsablemente con los recursos naturales en la búsqueda de su mayor bienestar. Haciendo uso de su libertad e inteligencia deberá sacar provecho a los frutos de la creación sin menoscabo de este acervo que está llamando a perpetuar". (D.C. Chile).
Ante ese mandamiento de contenido conservacionista es oportuno resaltar el anuncio del Embajador Fernando Gerbasi cuando nos informa – El Universal, 11-04-04 – que próximamente entrará en vigencia un tratado internacional que viene a ser "el punto de encuentro entre el sector agrícola, el medio ambiente y el comercio internacional. El garantizará que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, vitales para la supervivencia de la humanidad, se conserven y se usen de manera sostenible y que los beneficios que se deriven de su uso, incluido el comercial se distribuyan de manera justa y equitativa, en particular entre los países en desarrollo, de donde provienen la mayoría de estos recursos naturales" El Director General de la FAO declaró: "la entrada en vigor de este acuerdo internacional vinculante será crucial para permitir una agricultura sostenible". Y, agrega Gerbasi: a pesar del decisivo papel desempeñado por Venezuela para alcanzar un tratado vinculante en este importante sector para la humanidad, la Asamblea Nacional aún no la ha ratificado".
Cabe imaginar que si todos los derechos humanos se respetaran a cabalidad, la armonía reinaría en toda la comunidad universal. La gobernabilidad sería perfecta en todas las naciones y estaría garantizado un orden social de libertad, justicia y paz. El mundo tendría garantizado un desarrollo integral sustentable. El destino del género humano sobre el planeta sería más esperanzador.
Ante esa admonición, lamentablemente, lo que se percibe es que la comunidad universal, producto del quehacer humano, lejos de propiciar la prevalencia de esos derechos pareciera concebida para conculcarlos. Sólo así puede explicarse que, después de medio siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la violencia contra ellos siga afligiendo a la humanidad y convierta en utopía el anhelo de un orden social justo.
Después de la Segunda Guerra Mundial se incentivó la necesidad de ser conscientes en orden a humanizar, haciéndola más solidaria, las relaciones entre los seres humanos y entre las naciones. Han sido muchos los esfuerzos que se han hecho con ese noble empeño.
Los discursos de la II Guerra Mundial, en especial los del Presidente F.D. Roosevelt iniciaron un proceso transformador. En 1941 pronunció su famoso discurso sobre las "Cuatro Libertades", pidiendo la libertad de Querer, la de Tener, la de Expresión y la de Pensamiento. En 1943 convocó una conferencia sobre Alimentos y Agricultura en Hot Springs, Virginia, a la cual asistieron delegados de 44 naciones.
Entre otros acontecimientos que deben ser destacados por sus valiosos aportes a esa humanización del mundo:
Al respecto el Secretario General de la ONU ha manifestado que el derecho al desarrollo es la medida del respeto a todos los derechos humanos. "Que ese debería ser el objetivo: una situación en que a todas las personas se les permita acrecentar al máximo sus posibilidades y contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto".
Recordemos lo que dice el padre L.J. Lebret: el verdadero desarrollo es para cada uno y para todos, el paso de la condición menos humana a condiciones más humanas. El desarrollo no se reduce a simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre (biológico, intelectual, moral y espiritual) y de todos los hombres.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, en el documento "Paz para una verdadera democracia", (28-12-2003) afirman: "la calidad de vida del venezolano ha bajado notablemente. Esto se manifiesta en salarios insuficientes, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, en el deterioro de los servicios públicos, especialmente en el área de la salud y de la seguridad social que prácticamente no existe. Se comprueba con estos hechos la existencia de un proceso de ruptura social y de crisis de convivencia ciudadana y donde no se garantiza el valor y la vigencia de los derechos humanos".
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en su informe anual 2002-2003 nos recuerda que todos los derechos (los civiles, políticos, sociales, económicos, los morales y los culturales) deben beneficiar a todos. Sin embargo PROVEA reconoce que "el Estado (venezolano) no ha podido garantizar los derechos humanos"
Uno de sus directivos subrayó que aunque el balance resulta negativo también tiene signos positivos; pero, "no es suficiente que tengamos una Carta Magna que contemple muchos derechos. Necesitamos mecanismos concretos para garantizar esos derechos"
Algunos expertos han considerado el citado informe como un acto de conciencia que es, a la vez, testimonio, juicio y dictamen. Que permite concluir que el desarrollo como Derecho Humano y como expectativa para los países en desarrollo sigue siendo una utopía.
Como bien lo observa la Dra. Maricela Granado Guerra que: "El problema de nuestra Constitución es la operacionalidad de la misma. Si lo vemos desde el punto de vista sistémico, está bien, tenemos el todo, pero lo que falta, es como instrumental las partes, siguiendo con la teoría de sistemas la articulación de las partes necesita herramientas que lo permita, estas podrían ser normas y reglamentos concretos que le de al ciudadano común la posibilidad de acceder y hacer valer sus derechos e instituciones transparentes, en el buen sentido de la palabra, que hagan su tarea de arbitraje en la sociedad. Además pasa por un proceso educativo, para crear conciencia acerca de que hablando de derechos "el mío termina cuando comienza el del otro" cosa que no está muy clara en nuestro país.
La Cámara Venezolana de la Alimentación (CAVIDEA), en un estudio reciente revela que del total de nuestra población:
Todo lo cual nos coloca entre los países de menor ingesta alimentaria. De hecho estamos consumiendo un 20% menos que el promedio de 1987. El nivel medio mundial se sitúa en 2550 Kg./calorías.
Al dar esta información, el Presidente de CAVIDEA Rafael Alfonzo hizo un "llamado a la solidaridad no solo empresarial si no ciudadana para que no permitamos que siga muriendo ningún niño de hambre. Actualmente 25% de los niños venezolanos padecen desnutrición".
También anuncia CAVIDEA un Plan Agrario Agroalimentario para ser desarrollado en un plazo de 10 años; y con el objetivo preciso: lograr para el año 2012 alcanzar el nivel mundial de consumo diario por persona (2550 Kg./calorías), para todos y cada uno de los integrantes de la población venezolana.
En el análisis país por país, que difundió la FAO en Noviembre del 2003, se revela que en Venezuela 18% de la población (4,4 millones de personas) está desnutrida, "es necesario precisar –dice FAO- que las bonanzas económicas que se registraron en las estadísticas venezolanas en determinados años, casi siempre se produjeron por un repunte de la actividad petrolera, por lo que el sector agrícola – clave para resolver los problemas del hambre – poco contribuyó con los buenos resultados económicos. De hecho, más de la mitad de los alimentos que se consumen en el país son importados. Según estudios de la ONU en la última década Venezuela aumentó el número de personas desnutridas. Venezuela, Cuba, Panamá, El Salvador y Guatemala son los países que en el transcurso de la década no han logrado reducir el número de personas que padecen de hambre (El Nacional, 12-04-04).
Con ocasión de celebrarse el Primero de Mayo, distinguidos especialistas han coincidido en que, esta vez, resulta imperativo poner de relieve el "cuadro perverso" del desempleo. Se lo describe diciendo que: "de cada 100 venezolanos en edad de trabajar, unos 17 aproximadamente se encuentran hoy sin ningún empleo, otros 56 están en el sector informal; unos 14 trabajan para el sector público, y los restantes 13 laboran en empresas privadas". Otros subrayan que: "de cada 100 trabajadores, 70 están desempleados o mal empleados en economía informal y, en muchos aspectos, fuera del sistema legal y de seguridad. De los otros 30, al menos la mitad no supera el insuficiente salario mínimo para cubrir las necesidades alimentarias".
"El salario real de los trabajadores venezolanos se ha evaporado durante los últimos años. En 1998 el salario mínimo equivalía aproximadamente a US $ 2OO, mientras que hoy gira alrededor de los US $ 77. Este salario es uno de los más bajos de la región, menos de la mitad del de Colombia. La canasta alimentaria que cuesta hoy 365.000 bolívares, está bastante por encima de los Bs. 247.000 de salario mínimo que reciben hoy 2.8 millones de trabajadores". (Gerver Torres)
En relación con este cuadro perverso dice el padre Luis Ugalde "...lo más grave es la falta de perspectivas aceptables de trabajo para 8 millones de personas, lo que afecta con pobreza duradera a más de 16 millones de venezolanos. Sin abordar esto no hay modo de superar la pobreza, ni la ingobernabilidad."
"La reversión de este perverso proceso sólo se podrá lograr a través de la creación sostenida de abundantes fuentes de trabajo...como se ve, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores va mucho más allá que los simples ajustes anuales al salario mínimo". (Pedro A. Palma).
En Noviembre de 1974, en plena crisis alimentaria mundial, se reunió en la sede de la FAO, Roma, la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada por la ONU con el objeto de "elaborar medios y arbitrios con los cuales la comunidad internacional en su conjunto pueda actuar en manera correcta para que pueda resolver el problema alimentario mundial en el marco más amplio del desarrollo y la cooperación económica internacional".
Desde entonces, con intervalos de lustros sucesivos, se han venido reuniendo, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, los Jefes de Estado y de Gobierno. La más reciente de estas Cumbres tuvo lugar en Roma en el año 2001. Con ocasión de ese encuentro el actual Director General de la FAO Jacques Diouf recordó que los participantes se fijaron el objetivo de reducir el hambre en todos los países estableciendo la meta intermedia cuantificable de reducir a la mitad en el número de personas subnutridas para el 2015..." Cinco años después de la Cumbre y al comienzo del siglo XXI ... la tarea puede parecer desalentadora, pero lo son más las cifras de las personas que padecen hambre y subnutrición...estoy convencido de que, con un compromiso renovado y un esfuerzo concertado y decidido, se puede alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial".
En el análisis de la situación mundial que consideró la Cumbre se observa que "el debate sobre la Seguridad Alimentaria tiene unas características comunes con el de la multifuncionalidad. Algunos países importadores netos de alimentos... hacen hincapié en los aspectos internos o nacionales de la seguridad alimentaria. Aducen que un determinado nivel de autosuficiencia reduciría el efecto negativo de la inestabilidad del mercado mundial por los cambios de las condiciones atmosféricas y/o la influencia de exportadores o importadores dominantes en el mercado mundial...
Cabe recordar que, en la Declaración de Roma en 1996 se afirma: "nosotros Jefes de Estado y de Gobierno o nuestros representantes reunidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación por iniciativa de la ONU, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a los alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre".
La Seguridad Alimentaria ha sido objeto de una polémica entre personeros de diversos componentes del Sistema Agroalimentario Nacional, tal como lo informaron ampliamente los medios de comunicación social.
En efecto, el Gobierno del Presidente Rafael Caldera, designó una Comisión Presidencial ad hoc que debía cumplir la misión de redactar el Anteproyecto de la Ley de Desarrollo Agrícola (Decreto 720, Junio de 1995). La citada Comisión estuvo integrada por 53 miembros en representación de todos los sectores que concurren en el Sistema Agroalimentario Nacional. Por su pluralidad fue modelo de participación democrática; el debate fue exhaustivo y no exento de pasión. Cabe destacar que fue la propia Comisión la que propuso agregar al nombre de la Ley el término de Seguridad Alimentaria.
El texto se entregó al señor Presidente en Junio de 1997, lamentablemente no logró la aprobación unánime, toda vez que seis de sus miembros, manifestaron su desacuerdo genérico. Fue sí aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a consideración del Congreso Nacional. No obstante, debido a la nueva situación política el Proyecto quedó en un limbo.
Como consecuencia quedaron establecidas dos posiciones bien diferenciadas. De una parte quienes compartían el criterio de considerar la alimentación como un derecho humano fundamental que obligaba al Estado a velar por la Seguridad Alimentaria. En la otra parte se ubican quienes consideran discutible el derecho a la alimentación y, más cuestionable aún, que el Estado tenga que garantizarlo. El Estado no tiene que asumir esa responsabilidad y mucho menos intervenir para regular situaciones que el Mercado, por sí solo, podría resolver satisfactoriamente si se le deja actuar libremente. Y añaden, desde el punto de vista social lo que importa es que la gente tenga garantizado el abastecimiento alimentario oportunamente y al menor costo posible. La Seguridad Alimentaria está relacionada con el poder adquisitivo y no con la procedencia de los alimentos...
En una situación de seguridad alimentaria real el abastecimiento (producción nacional menos exportaciones más importaciones) debe ser igual o superior al cien por cien de las necesidades de la población; pero, dentro de ese abastecimiento la producción nacional por sí sola, debería cubrir cuando menos el setenta y cuatro por ciento de esos requerimientos.
Poner de manifiesto a este aspecto no significa, en ningún caso, restar importancia a la necesidad de garantizar el acceso de los alimentos por vía de las políticas económicas y sociales orientadas a fomentar el poder de compra de la población: empleos, ahorros y, cuando sea necesario, subsidios compensatorios.
Ahora partiendo de los criterios de estratificación social con los cuales trabaja FUNDACREDESA, el ingreso como tal no es una variable suficiente, de hecho se trabaja con el origen del ingreso, para hacer inferencias serias de lo que está pasando, habría que hacer un análisis transversal para determinar la movilidad social, con su comportamiento general y así aproximarnos a la situación real y dar propuestas concretas de las políticas necesarias para superar lo encontrado. Esta opinión es tratando de ser lo más cartesiana posible (M.G.G).
El Gobierno Nacional - por considerar que la Política Agroalimentaria Nacional es una concepción sistémica que responde a un enfoque global y que es de competencia intersectorial – dispuso mediante Decreto Nº 666 de fecha 10-05-95 crear el CNA en sustitución del Consejo de Seguridad Alimentaria creado en 1986.
El CNA organismo institucional que agrupa a varios ministerios lo presidía el Ministro de Agricultura y Cría y contaba, entonces, con una Comisión Asesora integrada por Hernán Méndez Castellanos (Q.E.P.D.) , José María Bengoa, Werner Jaffé y Héctor Hernández Carabaño.
El CNA tenía como misión la promoción de la Seguridad Alimentaria. El CNA, con el propósito de dar la mayor operatividad a su gestión, acordó adoptar algunas definiciones claves; así como también ciertos indicadores que permitieran apreciar el grado de eficiencia, conforme al cual el Sistema Agroalimentario Nacional cumple su misión fundamental.
El CNA en la redacción del Informe a la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 utilizó como referencia las siguientes definiciones:
Según FAO (1983).
La Seguridad Alimentaria, consiste en: "asegurar que todas las personas tengan en todo momento y en todo lugar, acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan para llevar una vida sana.
La S.A. según la Junta de Acuerdo de Cartagena (1990): "es el grado de garantía que tiene cada país de disponer oportunamente y bajo cualquier circunstancia, de los rubros alimentarios e insumos necesarios para su producción y/o importación, de tal forma que se asegure a toda la población el acceso de los alimentos que constituyen su dieta cotidiana, tomando en consideración la preservación del medio ambiente para beneficio de las generaciones futuras" (presentada por la delegación de Venezuela y adoptado por los países del Pacto Andino.
En el contexto de estas definiciones y con el empeño ya señalado, de la mayor operatividad al evaluar los rendimientos del Sistema Agroalimentario Nacional, el CNA adoptó los indicadores básicos siguientes:
- Suficiencia
Proporción en la cual el abastecimiento de alimentos, satisface los requerimientos energético y nutricionales de la población en un período determinado.
- Accesibilidad
Proporción en que la población puede adquirir los alimentos básicos para su sustento mediante el ingreso familiar, en razón de un determinado nivel de precios de éstos y de su disponibilidad en el mercado.
- Estabilidad
Grado en que el Sistema Alimentario puede mantener en el tiempo, un flujo de alimentos en la cantidad necesaria y el momento oportuno, para satisfacer los requerimientos de la población.
En todo el período considerado y en términos de la disponibilidad calórica y proteínica per cápita, encontramos un comportamiento irregular con las pronunciadas fluctuaciones de un año a otro, con una tendencia decreciente en los últimos catorce años.
Durante el año 1988 se observan los valores más altos, tanto de disponibilidad calórica como proteínica. A partir de año 1989, se produce una disminución interanual pronunciada, del orden de las 425 cal/hab/día y de 11 gr. de proteína/hab/día con respecto al año anterior, luego de un breve repunte hasta 1992, comienza nuevamente a disminuir, ubicándose en el año 1994 en 2203 cal/hab/día y 63 gr/ hab/día de proteína.
Se plantea detener la caída del consumo energético de la población, no solo en razón de promover la satisfacción de los requerimientos nutricionales, sino también, como medida para dar mayor estabilidad al sistema político. Un orden social que no tenga como uno de sus objetivos primordiales alimentar suficientemente a la población, no tiene base de sustentación a largo plazo.
Recordemos que el Presidente Chávez durante el proceso electoral, mediante el cual fue electo, formuló diversas promesas en relación con la política agroalimentaria nacional. Y que coherente con esa posición el sector oficialista apoyó en la Asamblea Nacional Constituyente el que se incorporará como precepto constitucional, en la Constitución de 1999, que el Estado promoverá la agricultura sustentable, en el contexto del desarrollo rural integral; y, garantizará la Seguridad Alimentaria.
Todo lo cual se expresa en el Artículo 305, que textualmente dice: "El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola...."
En esta forma quedaba respaldado al más alto nivel el derecho a la alimentación, como derecho fundamental; y, la Seguridad Alimentaria como expresión de la materialización de ese derecho.
Sin embargo, no son sólo las interpretaciones diversas las que han causado que esas expectativas promisorias se desvanecieran; también, han contribuido a ello acciones de gobierno apresuradas. Concretamente podrían ponerse de relieve los efectos de la Ley de Tierras y de Desarrollo Rural que ha generado protestas en diversos sectores de la vida nacional y se ha convertido en un desestímulo para las inversiones en el sector agroalimentario. Sin duda, se ha afectado la confianza en una institución clave fundamental para el desarrollo económico integral en un ambiente de libertad y democracia. Nos referimos al derecho de propiedad.
Al promulgar esa ley se incurrió en faltas no sólo en su contenido si no que también el procedimiento para su discusión y sanción. En efecto, fue concebida y promulgada como Decreto Ley, mediante una Ley Habilitante que facultó al Ejecutivo para sancionar un grupo de 47 leyes, lo que dejó el convencimiento de un apresuramiento inconveniente para la legitimidad del Estado de Derecho y de la gobernabilidad nacional.
Se confirmaba una vez más que el proceso de legislar, en un régimen democrático, debe obedecer a una estrategia y a una prelación lógicas - Filosofía; Política, Ley; Servicios; y, Presupuesto - que no puede ser preterida, sin que se corra el riesgo de menoscabar la confianza en la majestad de la Ley.
Eso es lo que ha sucedido con la Ley en referencia, lo cual permite, al mismo tiempo, precisar que al buscar nuevas vías de acción había que prever los esfuerzos necesarios para lograr la concertación, las voluntades políticas y de los esfuerzos mancomunados de todos los sectores afectados por esa estrategia democrática y así poder llegar a una política de Estado en el ámbito del desarrollo agrícola y la Seguridad Alimentaria.
Congresos como éste que están motivados e inspirados por el supremo interés de la Nación, deben responder al país que espera en este momento histórico adecuadas reflexiones que contribuyan al correcto planteamiento de las cuestiones fundamentales, que no admiten espera. En verdad no se trata de formular planes o propuestas acabadas, lo cual corresponde a los expertos. Como punto de partida debemos admitir que las soluciones no podemos buscarlas en paradigmas ya superados. Se hacen necesarias nuevas vías de acción; en ese empeño resulta procedente actualizar algunos antecedentes que permitirán apreciar mejor las situaciones que confrontamos y visualizar las soluciones requeridas.
Este Congreso Centenario 2004 tiene lugar en el mundo - años después del final de la Guerra Fría y de la desintegración de la Unión Soviética - cuando se pudo decir que no faltaba nada por aspirar (Fin de la Historia) que todo estaba resuelto: en lo político, democracia; en lo económico, neoliberalismo con una economía de mercado en un mercado globalizado, el cual generaría ganancias para todos y crecimiento económico sustentable. Esa afirmación se propagaba como un aforismo, pero después de una década, de aquel acontecimiento, esa promesa de que el mercado globalizado generaría, para todos, prosperidad, crecimiento económico y bienestar social, se ha frustrado.
La globalización del mercado mundial, la integración bi o multilateral, la apertura comercial, las transferencias de tecnologías, la investigación y la cooperación financiera son entre otros recursos que, bien manejados, podrían contribuir a que la comunidad universal alcance una situación de Seguridad Alimentaria, pero, si falta visión solidaria y predominan los dictados del "capitalismo salvaje" entonces ese anhelo se convertirá en utopía inalcanzable. Igual cosa sucede a nivel continental, subregional, nacional, municipal o familiar.
Nadie ignora que la globalización es una realidad ineludible; que ella ofrece oportunidad de crecimiento para todos pero, también es verdad que con ella crece la pobreza y las depredaciones contra el medio ambiente. En tal virtud están en lo cierto quienes piden: "dar a la globalización un rostro humano"; y lo consideran una tarea urgente; tal como lo hizo la Iglesia por intermedio del Presidente del Concejo Pontificio para la Justicia y la Paz: " la globalización lo requiere por sus múltiples ambigüedades y para que ejerza una función más decidida al servicio del hombre".
Como puede verificarse el contenido del precepto constitucional (Artículo 305), ha sido objeto de interpretaciones diversas. Desde luego las complicaciones propias dentro del sistema agroalimentario nacional se prestan para que cada sector trate de defender la posición que más la favorece.
En esa línea de acción resulta procedente la observación del economista Carlos Machado Allison : "Algunos productores encontraron, en lo que se nos antoja como el meollo de la intención de los legisladores y del gobierno, la seguridad alimentaria, el autoabastecimiento y la injerencia del Estado, una gran oportunidad para defender posiciones frente a las importaciones. Sin embargo, como veremos más adelante, el concepto de seguridad alimentaria mezclado o transformado en un sinónimo de autoabastecimiento se encuentra reñido tanto con la realidad del comercio internacional, como con los conceptos básicos que en este particular han acordado todos los países del mundo en foros como la FAO y la OMC".
Para responder a los que afirman que no importa que Venezuela importe alimentos masivamente porque somos fundamentalmente un país petrolero, les imploramos que revisen lo que ha sido la evolución de la calidad de la dieta venezolana antes referida y, les enfatizamos, con mucha propiedad, que hay que tener presente que en el mundo sólo se comercializa el 9,8% de los alimentos totales producidos (incluido el pescado) y que los únicos rubros en los cuales la exportación supera al 20% del total de la producción, son el azúcar y los aceites (Montilla, 1999) y les recalcamos nuevamente que, en los países desarrollados impera la autosuficiencia alimentaria con base en la producción propia". (Cita tomada de la Ponencia del Ex Ministro JJ Montilla).
Es de toda evidencia que la problemática agroalimentaria nacional condicionada, como lo está, por las nuevas realidades del entorno nacional e internacional globalizado, exige un cambio de enfoque. Se requiere una visión holística que capte, como un todo, esa realidad actuante que conforma el Sistema Agroalimentario Nacional (SAN).
El concepto de desarrollo económico-social integral y sustentable de Venezuela, por definición, supone la existencia de una agricultura próspera autónoma y con razonable independencia de la renta petrolera. - Con claro criterio la Dra. Ruth de Krivoy nos dice: "a los venezolanos nos hace falta comprender como sociedad que depende del petróleo que si nos limitamos a vivir de lo que pueda producir el petróleo, seremos cada vez más pobres por que estamos dividiendo un ingreso cada vez menor entre un número mayor de personas"-. Así podrá garantizar no solo la ocupación ordenada del territorio, ofreciendo un modo de vida a muchos si no contribuyendo a la seguridad alimentaria cabalmente entendida.
"En palabras del Dr. Hernán Méndez Castellano: Las carencias alimentarias constituyen, la más perversa y grave violencia que la sociedad impone a una buena parte de las madres, de los niños y de los ancianos. Esta violencia sostenida conducirá fatalmente a daños irreversibles en el cuerpo social cuyas consecuencias son impredecibles y, en oportunidades, indetenibles. Impedir que esto suceda es tarea indeclinable de las actuales generaciones. ¿Cómo lograrlo?. Mediante la transformación profunda de las estructuras sociales poniendo en práctica un modelo de desarrollo más coherente, más justo, libre de consumismo y corrupción y que tenga como objetivo erradicar el hambre y la miseria que padecen un alto porcentaje de la población venezolana". (Cita tomada de la Ponencia de la Dra. Maritza Landaeta de Jiménez).
Se trata de asimilar la realidad actuante del Sistema Agroalimentario Nacional (SAN), que se patentiza en una compleja red de estructuras, comportamiento e interacciones que conforman los diferentes subsistemas:
Podría hablarse de "Sistema Alimentario" teniendo presente una de las definiciones más compresivas, como la que se recoge en los Lineamientos Metodológicos para el proyecto del Sistema Alimentario Mexicano (1979), el cual dice: "se entiende por Sistema Alimentario el conjunto de interacciones, subordinaciones, relaciones técnicas y de intercambio que establecen los agentes económicos, sociales e institucionales, directamente ligados al proceso que va desde la producción de alimentos hasta el consumo y que contempla las fases o esferas de actividad de: producción, comercialización, transformación, distribución, consumo y otros que le son complementarios, como la asistencia de bienes y servicios, la de control y regulación provenientes del Estado y del sector externo". No obstante, resulta obvio, si sólo se hace referencia a lo puntual (lo agrícola) y no a los procesos económicos – sociales, (lo agrario) la visión será incompleta, por ello se prefiere un término más comprensivo como, sin duda, lo es el de: Sistema Agroalimentario Nacional (SAN).
Debe ponderarse igualmente las interacciones del SAN con los otros sistemas que conforman el acontecer nacional en procura de lograr el desarrollo económico sustentable que debe garantizarle al país, en todos sus estratos en especial los más necesitados, una situación de Seguridad Alimentaria.
Lograr ese objetivo de un crecimiento sostenido exige, obviamente, un ordenamiento legal específico, dentro de un Estado de Derecho, que haga posible la gobernabilidad; y para lograrlo debe seguirse paso a paso la estrategia democrática de legislar, con estricta sujeción a sus preceptos.
La experiencia indica que ese orden, que no puede ser preterido, establece, como primer paso, la Filosofía (espíritu, propósito y razón) que no debe dar lugar a dudas respecto a lo que se desea alcanzar. Como segundo paso, la Política que define el como alcanzarlo y cual es la concertación de voluntades y de esfuerzos que se debe alcanzar entre todos los sectores involucrados. Como tercer paso, la Ley que reglamenta los deberes y derechos de las personas, las instituciones, los organismos del Estado, que deben participar en la actividad reglamentada.
Con base en esa norma jurídica, así concebida se podrá garantizar la gobernabilidad. Por otra parte será factible planificar los Servicios Públicos requeridos; y, finalmente será posible la elaboración del Presupuesto.
Conforme a esa estrategia el objetivo del Gran Acuerdo Nacional es claro y preciso: concebir los fundamentos filosóficos, sociales, económicos, políticos, técnicos y de todo orden que serían necesarios para establecer una política de desarrollo agroalimentario y de seguridad alimentaria que responda a plenitud a las exigencias de una Política de Estado, que garantice su desarrollo en el mediano y largo plazo sin solución de continuidad.
Para lograr este objetivo podría proponerse la conformación de una gran Comisión ad hoc, en la que participen representantes de todos los sectores del SAN, sin olvidar instituciones fundamentales como la Iglesia, la Sociedad Civil, los Trabajadores y los Partidos Políticos y las Universidades.
Ese recurso para la gran concertación debería intentarse, sin prisas pero sin pausas, lo antes posible.
El respaldo que podría prestar el Congreso Centenario 2004 tendría un valor inestimable en orden a lograr que todos los sectores tengan la comprensión cabal respecto a que el derecho de la alimentación debe ser respetado; y, que la Seguridad Alimentaria hoy, como ayer lo fue la Reforma Agraria (1958), debe ser objeto de ese gran Acuerdo Nacional.