Marianella Herrera-Cuenca1,2,3 
,
Yaritza Sifontes3,4 ,
Guillermo Ramírez5 ,
Pablo Hernández3 ,
Maura Vásquez5 ,
Thais Maingon1,6
Introducción: La combinación de factores económicos, políticos y sociales ha afectado la producción, el suministro, acceso y disponibilidad de alimentos en Venezuela ocasionando un aumento en la inseguridad alimentaria. Objetivo: Determinar la seguridad alimentaria y nutricional en una muestra de hogares venezolanos pertenecientes a parroquias urbanas y no urbanas de 23 estados y el Distrito Capital. Materiales y Métodos: Se aplicó la metodología estándar del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) y el Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (ECRI) en 2041 hogares. Resultados: El jefe de hogar es mujer (56,9%); tiene entre 30-59 años (64%), con algún grado de instrucción y es asalariado. Sólo el 9% de los hogares entrevistados tiene seguridad alimentaria; 69% presentó seguridad alimentaria marginal (sacrifican las otras necesidades para poder comer), el 22% de los hogares reportó inseguridad alimentaria, 4,3% de estos con la forma más severa. La severidad de la inseguridad alimentaria siempre fue mayor en las parroquias no urbanas y en los estados Amazonas (83,3%), Apure (52,9%), Falcón (52,9%) y Delta Amacuro (50,0%). Conclusión: En la seguridad alimentaria y nutricional convergen múltiples factores y la solución requiere de poder actuar sobre ellos eficientemente para detener y revertir el deterioro, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos a la salud y a la alimentación. An Venez Nutr 2022; 35(2): 81-98.
Palabras clave: seguridad alimentaria, inasequibilidad, ECRI, hambre, subalimentación.
Introduction: The combination of economic, political and social factors has affected the production, supply, access, and availability of food in Venezuela, causing an increase in food insecurity. Aim: To determine food and nutritional security in a sample of Venezuelan households belonging to urban and non-urban parishes in 23 states and the Capital District. Materials and methods: The standard methodology of the World Food Program (WFP) for the Emergency Food Security Assessment (ESAE) and the Consolidated Approach to Reporting Food Security Indicators (CARI- ECRI) were applied in 2041 households. Results: 56.9% of households have women as the head; whose age is between 30-59 years (64%), with some level of education and receive a wage. Only 9% of the households interviewed have food security; 69% presented marginal food security (they sacrifice other needs to be able to eat), 22% reported food insecurity, and 4.3% of these with the most severe form. The severity of food insecurity was consistently higher in non-urban parishes and in the states of Amazonas (83.3%), Apure (52.9%), Falcón (52.9%) and Delta Amacuro (50.0%). Conclusion: Multiple factors converge in food and nutrition security. The solution requires acting on them efficiently to stop and reverse deterioration within a framework of respect for the human rights to health and food. An Venez Nutr 2022; 35(2): 81-98.
Key words: food security, unaffordability, CARI, hunger, undernourishment.
https://doi.org/10.54624/2022.35.2.002
Correspondencia: Marianella Herrera Cuenca, e-mail: manyma@gmail.com
El elevado costo de las dietas saludables, sumado a la persistencia de los altos niveles de desigualdad de ingresos, explica el aumento en la inasequibilidad en este tipo de dieta, más acentuada en África y América Latina entre 2017 y 2019; y que en 2019 afectó a 3.000 millones de personas en todas las regiones del mundo, especialmente la población pobre (1).
El acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que cubran las necesidades y preferencias alimentarias de la población para una vida activa y sana se ha estimado por diferentes métodos y su ausencia se reporta como inseguridad alimentaria. Entre ellas se encuentran por ejemplo la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria-FIES y el Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria-ECRI (2,3).
La prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave (personas que reducen la cantidad o calidad de los alimentos y en casos más extremos pasan días sin comer), según FIES, mostró un lento crecimiento desde 2014, de tal manera que el incremento estimado en 2020 fue comparable a la suma de los cinco años anteriores. Ese mismo año, una de cada tres personas de la población mundial (2.370 millones) careció de acceso a alimentos adecuados, lo que supuso un aumento de casi 320 millones de personas en solo un año. El aumento más marcado de la inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020 se registró en América Latina y el Caribe y en África, esta última región concentró 11% de las personas (267 millones) con inseguridad alimentaria en el mundo (4,5).
En 2020 la inseguridad alimentaria grave afectó al 12% de la población mundial (928 millones de personas), lo que representó 148 millones más de personas que en 2019. En América Latina, la región más desigual del mundo (6), antes de la pandemia en 2019, unos 47,7 millones de personas vivieron con hambre; la situación venía empeorado los últimos 5 años, lo que produjo un incremento de 13,2 millones de personas subalimentadas (5).
El hambre mundial por su parte aumentó en 2020. Luego de cinco años con ligeras variaciones, la prevalencia de la subalimentación se incrementó de un año a otro, desde 8,4% a 9,9%. Se estima que en 2020 padecieron hambre en todo el mundo de 720 a 811 millones de personas, de ellos 21% habitaba en África, 9,0% en Asia y 9,1% en América Latina y el Caribe. En comparación con 2019, al año siguiente padecieron hambre 46 millones más de personas en África, 57 millones más en Asia y unos 14 millones más en América Latina y el Caribe (1).
Durante la pandemia por COVID-19 la brecha de inseguridad alimentaria por género se acentuó, de tal manera que, en 2020, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave fue 10% superior en las mujeres con respecto a los hombres, cifra que en 2019 fue de solo 6% (1).
La situación de inseguridad alimentaria en Venezuela no es muy diferente de la reportada para el resto del mundo. Esta nación ocupa el séptimo lugar en el mapa de los 20 países con “alto riesgo” de enfrentar inseguridad alimentaria aguda (7). En cuatro años la malnutrición pasó de 3,6% en 2013 a 11,7% en 2017 (casi 3,7 millones de personas) (8). Los reportes nacionales de Caritas (9) y ENCOVI (10), mostraron el aumento de los casos de desnutrición aguda producto de la coyuntura en la cual se encuentra el país debido a la superposición de dos crisis: la pre-pandemia y la pandemia en curso.
En la actualidad, Venezuela es uno de los países con mayor incremento en el porcentaje de personas subalimentadas, lo que también la ubica en el nivel más alto de deterioro de la seguridad alimentaria de la región latinoamericana. Desde 2019 el informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo mostró que la tasa de subalimentación casi se cuadruplicó al pasar de 6,4% en el periodo 2012-2014 a 21,2% en 2018, por lo que, la cantidad de personas con hambre en el país se elevó de 2,3 a 6,8 millones (5,8).
Además de la problemática anterior, en este país se viene presentando la violación sistemática del derecho a la alimentación; con lo cual, la población se ha expuesto a una adaptación lenta y progresiva frente a una menor disponibilidad de alimentos y a un menor acceso económico de estos, teniendo que emplear estrategias de afrontamiento como, la reducción en la cantidad de alimentos que se ingiere, eliminación de comidas y sustitución de alimentos, entre otras. Las brechas entre los niveles sociales son cada vez mayores. Este deterioro en la alimentación del venezolano y sus consecuencias en la nutrición y la salud de la población ha sido ampliamente documentado en los diversos reportes de las agencias internacionales (8,11).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), por ejemplo, registró una disminución en las disponibilidades alimentarias en Venezuela entre 2012-2014 y 2014-2016, cuando la adecuación calórica descendió 9 puntos porcentuales (de 113% a 104%, respectivamente) (12) lo que significa que la disponibilidad energética apenas sería suficiente para cubrir la demanda nutricional de la población. La Red Agroalimentaria de Venezuela, destacó la caída sostenida en la disponibilidad calórica y proteica, con lo cual, para 2019 la disponibilidad de energía cubriría solo 54% y la de proteínas el 50% de las necesidades de la población (13).
La encuesta del Programa Mundial de Alimentos realizada entre julio y septiembre de 2019 (14), reportó que uno de cada cinco hogares (17,8%) mostró un nivel inaceptable de consumo de alimentos, de estos 12,3% presentó consumos límite y 5,5% un consumo pobre. Dicho estudio también resaltó la falta de diversidad de la dieta, lo que se tradujo en una ingesta nutricionalmente inadecuada. El 7,9% de la población en Venezuela (2,3 millones) presentó inseguridad alimentaria severa y 24,4% (7 millones) inseguridad alimentaria moderada. En otras palabras, una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) se encontró en inseguridad alimentaria y necesitada de asistencia.
El Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (OVSAN), realizó la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela 2020-2021 (ESANV20-21), con el objetivo de determinar la seguridad alimentaria y nutricional en un grupo de hogares venezolanos pertenecientes a 23 estados y el Distrito Capital.
En la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela 2020-2021 (ESANV20-21), se realizó un muestreo no probabilístico, polietápico y estratificado por entidad federal con afijación proporcional a la población del estado. El tamaño estimado de la muestra en Venezuela fue de 2.000 hogares, igualmente distribuidos de acuerdo con el tipo de área (1.000 urbanos y 1.000 no urbanos). La afijación de la muestra en los estratos es proporcional a la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de las entidades para el 2020 con alcance nacional en 23 estados y el Distrito Capital. En cada estado se seleccionó el municipio capital y las parroquias con centro poblado coincidente con la capital del estado se catalogaron “parroquias urbanas”, en tanto que las periurbanas o distintas de la capital del estado se catalogaron como “parroquias no urbanas”. El trabajo de campo se realizó entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021. La muestra final fue de 2.041 hogares (1.023 urbanos y 1.018 no urbanos) (15).
El protocolo del estudio fue aprobado por el comité de ética de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, el estudio se condujo según lo establecido en la declaración de Helsinki. Previo consentimiento de participación, en cada hogar se seleccionó al jefe del hogar para responder la encuesta, que fue conducida por un entrevistador debidamente capacitado. Se siguió la metodología estándar del Programa Mundial de Alimentos (PMA) (4) para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) y el Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (ECRI). La captura de los datos se hizo con dispositivos móviles mediante software georreferenciado (Survey123® de Esri®).
Se incluyeron las variables edad y sexo del jefe del hogar, número de miembros por hogar, nivel educativo del jefe del hogar, situación ocupacional, beneficios sociales, migración y remesas, servicios básicos y de salud (incluyendo algunas interrogantes sobre la situación de la COVID 19). Algunas de estas variables se utilizaron para desagregar los resultados.
La metodología del PMA, contempla tres dominios principales: a) el consumo de alimentos, b) la vulnerabilidad económica y c) el agotamiento de activos que se obtiene a través de las estrategias de afrontamiento o sobrevivencia con esta información se desarrolla la consola ECRI (Enfoque Consolidado de Reporte de Indicadores). Al combinar los respectivos dominios se genera un indicador resumido denominado “Índice de Seguridad Alimentaria” (ISA) que representa el estado general de la seguridad alimentaria en la población y combina el consumo de alimentos, la proporción del gasto en alimentos y las estrategias de afrontamiento (3).
Para determinar la prevalencia de la seguridad alimentaria se usa la Cónsola ECRI del PMA, que contempla los dominios de: consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y agotamiento de activos a través de las estrategias de sobrevivencia (medios de vida), de esta combinación se obtienen los porcentajes de los hogares en los diferentes niveles de seguridad alimentaria (3), con el indicador resumido denominado “Índice de Seguridad Alimentaria” (ISA) que representa el estado general de la seguridad alimentaria en la población y que clasifica la seguridad alimentaria en los hogares en cuatro categorías:
Se presenta un análisis descriptivo, de las distribuciones de frecuencia, medias y desviación estándar para las variables demográficas y los tres indicadores componentes del ISA. La comparación entre los resultados por sexo y tipo de parroquia, se realizó mediante tablas cruzadas, seguidas de la prueba de chi cuadrado (X2). En todos los casos, se consideró una diferencia estadísticamente significativa si p < 0,05, utilizando el software especializado IBM SPSS® versión 27.
El 56,9% de los jefes de hogar entrevistados fueron mujeres y 43,1% hombres. El promedio de integrantes por hogar fue de 3,3 ± 1,7. El 64% de los jefes de hogar tenían entre 30 y 59 años, el 26% 60 años y más y 10% resultó ser menor de 30 años y menos, en proporciones semejantes por género y tipo de área. La mayoría de los jefes de hogar (57%) completaron la educación primaria y/o estudios de bachillerato, 6,2% no alcanzó ningún nivel educativo y aproximadamente el 33% restante fueron técnicos medios, estudiantes universitarios y profesionales. En la situación ocupacional, la mayoría cuenta con un empleo asalariado (26%), especialmente en las áreas urbanas (28%). El 17% de los jefes de hogar estaban jubilados o desempleados, cifras semejantes en ambos sexos y por tipo de área (Cuadro 1).
En el Cuadro 2 se pueden observar diversos indicadores de disponibilidad y acceso a los alimentos. Las principales fuentes de abastecimiento de los alimentos de los hogares encuestados fueron el mercado (65%), la producción propia (23%) y en menor medida la ayuda de familiares o amigos (4,3%). Los hogares con jefe de hogar mujer se caracterizaron por tener menor producción propia de alimentos y depender en mayor porcentaje de ayudas familiares o sociales, así como obtener alimentos a cambio de trabajo, en comparación con los hogares con jefe de hogar masculino (p<0,05). Los hogares en área no urbanas tienen mayor porcentaje de producción propia de alimentos y menos frecuencia de compra en mercados, además de un mayor porcentaje de pago de trabajos con alimentos, en comparación con sus pares urbanos (p<0,05).
En cuanto a los beneficios sociales (Cuadro 3), el programa CLAP se recibió en el 78% de los hogares; 31% cada 2 a 3 meses, 16% cada seis meses y 10% no tiene periodicidad establecida. Los alimentos que recibieron fueron arroz (97%), harina de maíz (96%) y pasta (90%) (datos no mostrados en el Cuadro) y duran menos de dos semanas (62,3%). La mayoría expresó que estos alimentos cambian constantemente (56%), son de menor calidad (68%), y hasta vienen en menor cantidad (66,4%). Pocos hogares reportaron alimentos vencidos (13%), o la venta de las bolsas CLAP (5%). Además, 56% de las mujeres y 48% de los hombres manifestaron que recibieron algunos de los bonos del ejecutivo a través de la plataforma patria. Finalmente, en cuanto al funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios, se encontró que sólo 5% de los encuestados indican que funciona algunos días, 24% señaló que no funciona o nunca ha funcionado (Cuadro 3).
Solo un porcentaje inferior al 25% de los hogares refirió no tener fallas en los servicios básicos (Cuadro 4). La falta y calidad de regular a mala del agua fue más prevalente en las zonas no urbanas (p<0,05). La mayoría de los hogares utilizan agua de chorro para beber (57%), tratándola a través del filtrado y/o hervido (71%), mientras que para el uso doméstico utilizan agua de chorro (53%) o la almacenada en pipotes o cisternas (30%).
El 94% de los hogares presentó alguna interrupción del servicio eléctrico en el último mes. La mayoría de los hogares (90%) no contaba con una fuente alternativa para generar electricidad, especialmente los hogares no urbanos (93%). El 52% no tuvo gas, esta situación se agravaba en las zonas no urbanas, donde las familias debieron utilizar la leña para cocinar (46%), lo que representaría una fuente de contaminación y de incremento de las enfermedades respiratorias que, junto a las diarreas y parasitosis, mantendrían el círculo de pobreza y desnutrición. Adicionalmente, el 37% dejó de realizar comidas principales por la falta de gas y un 23% se vió en la necesidad de compartir la cocina con familiares o vecinos para poder cocinar. En cuanto a la disposición de los desechos, el 51% de los hogares urbanos hizo uso del aseo, mientras que el 27% de los hogares no urbanos quemó o enterró la basura (p<0,05). La frecuencia de recolección de los desechos fue diaria en solo el 18% de los hogares.
Tres de cada 10 de los hogares entrevistados manifestó tener uno o más miembros que tomaron la decisión de migrar a otros países (Cuadro 5). La mayoría hacia Colombia (39%), Perú (19%) o Chile (11%) (datos no mostrados en el Cuadro). Un 10% de los hogares indicó que otro de sus miembros estaba planificando irse del país en los próximos meses. La ACNUR calculó que, para finales de 2021, aproximadamente 6 millones de Migración y remesas venezolanos habrían migrado (16). Seis de cada 10 hogares con familiares en el exterior recibieron remesas de familiares residentes en el exterior por una cantidad promedio de 56 dólares americanos (IC 95%: $ 49 a $ 62). En apenas 11% de los hogares, al menos uno de sus miembros que emigró en los últimos 5 años regresó al país (Cuadro 5).
El 23% de los hogares entrevistados realizó dos o menos comidas principales, lo cual se acentuó en los hogares no urbanos con respecto a los hogares urbanos (p<0,05). Tres de cada 10 hogares refirieron disminución del peso corporal en alguno de sus miembros, siete de cada 10 reportaron el consumo de alimentos menos preferidos o baratos, cinco de cada 10 necesitó pedir fiado o prestado para comprar alimentos, el 58% manifestó haber reducido el tamaño de las porciones, el 39% redujo el número de comidas y un alarmante 12% refirió pasar todo un día sin comer.
El 17% de los entrevistados respondió no haber recibido ningún servicio de salud cuando estuvieron enfermos, el 60% respondió haberlo recibido o no haber necesitado atención. De estos el 44% lo recibió en un hospital, 24% en un CDI y 16% en una clínica (datos no mostrados en el Cuadro). El grupo de 60 años y más fue el más afectado por la falta de medicinas y sus altos precios. En general, el 29% respondió haber necesitado ayuda para sus gastos de salud y 26% dispuso de sus ahorros para pagar estos gastos (Cuadro 6).
Los hogares urbanos consumieron más alimentos que los no urbanos. En la presente investigación la alimentación se basó en cereales (98,9%), grasas (84,4%), azúcares (83,9%), tubérculos y lácteos (75,5%). En algunos casos, más de 20% de los hogares nunca consumieron hortalizas y frutas, ni leguminosas (55%), ni proteínas de origen animal como carnes (38,6%), huevos (37,9%), vísceras (92,8%) y pescados (86,3%). Por su parte en los hogares no urbanos se consumen: leguminosas, frutas y hortalizas (menos de 50%), pescados y vísceras (menos de 20%) (Figura 1).
Se observó, que el número de grupos de alimentos consumido por el hogar disminuyó progresivamente a medida que se incrementaron los niveles de inseguridad alimentaria (p<0,05). Los hogares seguros presentaron una mediana de consumo de nueve alimentos, mientras que aquellos hogares en inseguridad alimentaria severa presentaron una mediana de consumo de tres alimentos por día.
En general la dieta es de baja calidad y poco diversa, las fuentes de calorías básicamente provienen de los cereales contenidos en los CLAP, cuya calidad ha sido muy cuestionada por beneficiarios y personal especializado (17,18). Los alimentos fuentes de proteínas, tanto vegetal como animal, son costosos quizás debido a ello las personas refirieron un bajo consumo de alimentos fuente de este nutriente.
En el indicador de puntaje de consumo de alimentos (Cuadro 7), el 12% presentó un puntaje limitado, evidenciando que estas personas consumen al menos cereales y granos, aceites y azúcar en la cantidad necesaria para mantenerse, pero están limitados en otros grupos como las proteínas animales, las frutas y las hortalizas. La mayoría de los hogares entrevistados mostraron un consumo aceptable (84%), esto no significa que su alimentación fue de calidad, sino que consumieron alimentos de otros grupos como las carnes al menos dos a tres veces a la semana, al igual que frutas y hortalizas. El 4% de los hogares fueron los más afectados ya que no llegaron a consumir ni siquiera el mínimo de alimentos (cereales + granos) para asegurar los carbohidratos y proteínas de supervivencia. No se observaron diferencias para el PCA de acuerdo con el sexo, sin embargo, se encontró que las zonas no urbanas presentaron un porcentaje mayor de consumo pobre (6%) en comparación con las zonas urbanas (2%) (p<0,05).
En los hogares participantes en este estudio, la relación entre el monto de gastos en alimentación respecto del gasto total pareciera indicar que muchos hogares (69%) priorizan el gasto en alimentación, reduciendo otros gastos básicos del hogar, como una práctica de afrontamiento ante la crisis, mientras que sólo el 28% restante, tiene un gasto en alimentación inferior al 50% de los gastos totales del hogar (Cuadro 8). Los hogares de zonas no urbanas fueron los más afectados, ya que la mayor parte de los gastos se invirtieron en alimentos (p<0,05).
Entre las estrategias de sobrevivencia más frecuentemente aplicadas por los hogares estudiados, se encontraron las siguientes: comprar alimentos día a día (74%), gastar los ahorros para comprar alimentos (56%), realizar trueques por bienes o servicios (55%), comprar a crédito (46%), trabajar con pago en alimentos (44%), disminuir el gasto en salud y educación (43%), entre otros (Cuadro 9).
El 22% de los hogares encuestados se encontró en inseguridad alimentaria, de estos 4,3% en inseguridad severa y 17,3% en inseguridad moderada. Casi siete de cada 10 hogares mostraron un suministro marginalmente seguro de alimentos (es decir, comieron porque sacrificaron el resto de sus necesidades). Sólo el 9% de los hogares tuvo seguridad alimentaria (Figura 2).
La seguridad alimentaria se asoció con el tipo de área en la que se encontraba el hogar (p<0,05). El porcentaje de hogares con seguridad alimentaria y seguridad alimentaria marginal fue de 13% y 71% en la zona urbana y de 5% y 67% en las zonas no urbana, respectivamente. En las zonas no urbanas, la tendencia es a una mayor inseguridad alimentaria moderada y severa (22% y 6%, respectivamente), en comparación con las urbanas (13% y 3%, respectivamente).
No se encontraron diferencias en la seguridad alimentaria según la edad y el sexo del jefe del hogar. Sin embargo, se observó que la seguridad alimentaria se asoció inversamente con el número de miembros del hogar (p<0,05), de manera que mientras más numerosa la familia mayor fue el nivel de inseguridad alimentaria, mientras que, por el contrario, en los hogares con tres o menos miembros fue mayor la seguridad alimentaria.
Inseguridad alimentaria por entidad federal La inseguridad alimentaria moderada y severa se distribuye como se muestra en el mapa de la siguiente forma (Figura 3): Los porcentajes más altos de inseguridad alimentaria en los hogares en orden decreciente se encontraron en los estados Amazonas No se encontraron diferencias en la seguridad alimentaria según la edad y el sexo del jefe del hogar. Sin embargo, se observó que la seguridad alimentaria se asoció inversamente con el número de miembros del hogar (p<0,05), de manera que mientras más numerosa la familia mayor fue el nivel de inseguridad alimentaria, mientras que, por el contrario, en los hogares con tres o menos miembros fue mayor la seguridad alimentaria.
En el 2019 la encuesta del PMA (14) estimó que el 7,9% de la población en Venezuela (2,3 millones) se encontraba en inseguridad alimentaria severa y 24,4% (7 millones) en inseguridad alimentaria moderada. En otras palabras, una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) presentó inseguridad alimentaria y necesitaría asistencia.
En esta Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-2021, el 22% de los hogares presentó inseguridad alimentaria, de estos el 4,3% se encontraba en inseguridad alimentaria severa y 17,3% en inseguridad alimentaria moderada, cifras inferiores a las reportadas por el PMA en 2019 (14).
Específicamente la reducción en la inseguridad moderada en nuestro estudio en comparación con la encuesta del PMA 2019 (14) coincide también con lo reportado por la ENCOVI entre 2019 y 2021 (10,19), periodo en el que esta disminuyó de 39,1% a 35,2%; por el contrario la inseguridad leve y moderada se incrementaron entre esos mismos años, pasando de 31% a 34,5%, y de 23,3 % a 24,5%, respectivamente según la ENCOVI.
En todo caso el comportamiento de la seguridad alimentaria evidencia que durante el último trienio continuó la tendencia al deterioro, aunque también se redujo el porcentaje de hogares que declararon no haber experimentado inseguridad alimentaria (6,6% a 5,8%), porcentaje similar al de hogares en situación de no pobres según la línea de ingresos y que prácticamente se superponen en las zonas con mayor pobreza (10,19).
En la magnitud y severidad de la inseguridad alimentaria existe una brecha entre la región capital y el resto del país. Los estados más afectados están en las regiones Occidental, Oriental y Sur. Como en 2019 (14), en esta investigación los estados Amazonas, Falcón, Delta Amacuro y Zulia repitieron entre las entidades con inseguridad alimentaria por encima del promedio nacional.
La seguridad alimentaria marginal (comen porque sacrifican el resto de sus necesidades) y la seguridad alimentaria severa resultaron mayores en el medio no urbano (29% vs 16%), variable a considerar en las intervenciones. El agotamiento en las estrategias de sobrevivencias y en los medios de vida, es la más conmovedora expresión del hambre que padece la población más vulnerable.
Diferentes especialistas identificaron como factores causantes de inseguridad alimentaria en el país: las políticas de precios por debajo de los costos de producción; el control de cambio; la política de importaciones agroalimentarias, el deterioro y la desinversión de la infraestructura y servicios agrícolas, a la par de las variaciones climáticas que influyen en los recursos (cultivos, rebaños y plagas) (20), cada uno de los cuales contribuye al alza de los precios.
Sin embargo, el acceso a los alimentos sigue siendo el problema fundamental, tal y como ya se venía señalando, este ejerce un efecto negativo sobre la severidad de la nutrición y la salud (20). En esta investigación el acceso fue un generador de inestabilidad y angustia en la familia, al impedirle comprar lo mínimo necesario para alimentar a sus integrantes. En su intento por asegurarse la provisión de alimentos, la familia ha desviado su atención en tratar de solventar por todos los medios posibles, valiéndose de estrategias de sobrevivencias que con el devenir del tiempo se van agotando y aumentan su vulnerabilidad, es así como ante cualquier eventualidad las familias con seguridad alimentaria marginal pueden precipitarse a una categoría de inseguridad, lo que constituye una señal de alerta, para intervenir y evitar la caída.
En cuanto al consumo de alimentos, resaltó el hecho de que este fue mejor en las zonas urbanas que en las no urbanas, aun cuando en estas últimas la autoproducción de alimentos fue mayor. La brecha entre el consumo urbano-no urbano y la inseguridad alimentaria mayor en este último requiere de un análisis consensuado de estas variables para generar soluciones más enfocadas en lo local. Este hallazgo debe considerarse, porque debido a la crisis de combustibles y lo complejo que se ha vuelto traer los alimentos del campo a las ciudades, esta variable ha incidido en el alza del costo de los alimentos y en el incremento de las pérdidas de alimentos en los centros de producción.
Debido al costo de los alimentos en un alto porcentajes de hogares se consume una dieta de baja calidad y poca diversidad, el patrón de alimentación se circunscribió a cinco o seis alimentos, donde predominaron cereales, grasas, azúcares, tubérculos y lácteos, poca proteína animal y casi no se consumieron hortalizas y frutas.
La poca diversidad y la mala calidad de la dieta junto a los problemas de agua potable y de insalubridad incrementan el círculo de desnutrición y pobreza en especial en los grupos sociales más expuestos tales como los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores (21). En esta investigación las fallas en los servicios básicos fueron factores que contribuyeron de manera significativa con el incremento de los riesgos de inseguridad alimentaria, debido a las limitaciones que imponen, en el acceso, distribución y aprovechamiento biológico de los alimentos, todos factores determinantes de un estado nutricional saludable. Según Gutiérrez
(22) el efecto negativo de la crisis de los servicios públicos (electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones) y escasez de gasolina, impacta la vida diaria de la gente, el empleo y las actividades económicas, a la vez que aumenta las desigualdades entre las capitales y el interior del país.
En esta encuesta el consumo, estuvo determinado por los alimentos del CLAP, principal fuente de provisión de alimentos de gran parte de la población, que conforman una dieta de baja calidad y poca diversidad, que como señalan varios estudios contribuye al deterioro nutricional de las personas, más aún cuando no discrimina la población atendida (9,10,19), ni garantiza el acceso de los vulnerables a la malnutrición, siendo más bien un beneficio discriminatorio, potencialmente ideologizante (20) con productos principalmente importados, cuya cantidad se ha venido reduciendo (23,24).
Como ha señalado Tapia et al. (20), el CLAP no fue diseñado con objetivos nutricionales, no contempla la educación alimentaria y nutricional para que las familias puedan hacer un mejor uso de los alimentos que reciben, carece de frutas y hortalizas frescas y de proteínas de origen animal, se desconocen las condiciones higiénicas del empacado y el cumplimiento del marco regulatorio del agregado de micronutrientes, la distribución es irregular, especialmente en las zonas del interior del país, todas razones que comprometen la satisfacción de los requerimientos nutricionales, impacto del cual tampoco se hace seguimiento. A medida que esta precariedad en la alimentación se profundiza, se afecta a mayor número de sectores de la sociedad, que como la clase media por razones de accesibilidad optan por estos alimentos.
La situación descrita ha provocado una distorsión en el patrón de consumo a través de cambios muy negativos en la alimentación, convirtiéndose en un factor generador de deficiencias nutricionales en la población más vulnerable (11, 21). Las consecuencias a mediano plazo en la epidemiología de la población, como determinante de enfermedades crónicas y de malnutrición en todas sus formas y su efecto durante los primeros 1000 días de vida en la madre y el niño, dibujan un panorama complejo que requiere de vigilancia efectiva y de decisiones para revertir estos efectos negativos en la salud de los venezolanos (25).
Estas personas con necesidades alimentarias insatisfechas están limitadas para trabajar a plenitud y tienen mayor riesgo de vivir con condiciones de salud precarias, debido a que no disponen de la capacidad para ahorrar e invertir en salud y bienestar, pues en ellos, el hambre es a la vez causa y efecto de la pobreza.
La subsistencia es el centro capital de la familia, en ella se solapan o pasa inadvertidos, componentes culturales y sociales que caracterizan la alimentación de un pueblo. El impacto en las tradiciones culinarias, en los usos, normas y costumbres en la mesa cambian, igualmente la distribución intrafamiliar de los alimentos, los tiempos de comida y el número de comida serán diferentes y por consiguiente el registro de la alimentación dará origen a un patrón de alimentación muy alejado de la alimentación tradicional venezolana, lo que contribuye significativamente a la pérdida de identidad y de libertad (26).
En la seguridad alimentaria y nutricional convergen múltiples factores y la solución requiere de poder actuar sobre ellos eficientemente para detener y revertir el deterioro, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos a la salud y a la alimentación (27).
Bajo este panorama surge la interrogante ¿Qué efectos tendrán los actuales desequilibrios en la alimentación y en la muy compleja seguridad alimentaria en el desarrollo actual y futuro del capital humano en Venezuela? Urge la aplicación de medidas para proteger a los más vulnerables y limitar la severidad del deterioro. Nuevas investigaciones pudieran delinear posibles alternativas para mejorar la situación y cumplir con el Objetivo 2 de cara a la agenda 2030.
En conclusión, esta investigación representa un aporte al estudio de la prevalencia de la inseguridad alimentaria y nutricional en las diferentes regiones del país, así como de los factores que pueden estar contribuyendo a esta situación. Los resultados podrían ser útiles para desarrollar estrategias y políticas que aborden la inseguridad alimentaria y nutricional en Venezuela, y mejorar la calidad de vida de la población afectada. Además, podría ayudar a priorizar las áreas y hogares más necesitados de apoyo y recursos para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.
Recibido: 08-09-2022
Aceptado: 10-12-2022